Ramón Pérez/Santo Domingo-El presidente de la Comisión de Medios
de Comunicación de la Cámara de Diputados expresó su oposición a que se incluya
la penalización de los delitos de prensa en el proyecto de ley que modificaría
el Código Penal .
Nelson Guillén, diputado peledeísta
por San Cristóbal, dijo que en el mundo se registra en la actualidad una
corriente que reclama la despenalización de los delitos de opinión pública con
el propósito de fortalecer la libertad de expresión. “En el país tenemos el hábito
de nadar contra la corriente, de ponernos de espalda a los cambios que se
generan en el mundo”. A lo que se opone es a que las recetas internacionales
las aprobemos pura y simplemente sin analizar las particularidades que tiene la
sociedad dominicana y el impacto que puede tener esa legislación en nuestra
realidad .
Por todos es conocido que el país es
signatario de organismos internacionales que se han comprometido a despenalizar
el delito de prensa y al suscribir esas convenciones está anulando cualquier
ley que la contradiga .
Guillén sostuvo que hay puntos de
vistas que observar, porque los opositores a la despenalización alegan que el
derecho al honor está por encima del derecho a la libertad de expresión,
derecho que consideramos fundamental, porque sobre el descansan otros derechos
inalienables del ser humano .
Hay que tomar en cuenta también la
pregunta que formulan los adversarios de la despenalización cuando se condene a
un periodista insolvente al pago de una multa considerable. “Esos son detalles
a tomar en cuenta, pero la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de
Medios de Comunicación favorece la exclusión de la penalización del proyecto de
código penal”, manifestó. Ayer, el Colegio Dominicano de Periodistas y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidieron a la Cámara de
Diputados que rechace esa propuesta .
El CDP y el SNTP visitaron la Cámara de Diputados y entregaron
un documento en el que alegan que, de ser aprobada en segunda lectura la
modificación del Código Penal, los ciudadanos que emitan expresiones
eventualmente ofensivas contra el presidente, el vicepresidente, senadores,
diputados y otras autoridades podrían ser castigados con penas de cárcel de 2 a
3 años y multas equivalentes a entre siete y nueve salarios mínimos .
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