Ramón Pérez/Santo Domingo-El presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados expresó su oposición a que se incluya la penalización de los delitos de prensa en el proyecto de ley que modificaría el Código Penal .

Nelson Guillén, diputado peledeísta por San Cristóbal, dijo que en el mundo se registra en la actualidad una corriente que reclama la despenalización de los delitos de opinión pública con el propósito de fortalecer la libertad de expresión. “En el país tenemos el hábito de nadar contra la corriente, de ponernos de espalda a los cambios que se generan en el mundo”. A lo que se opone es a que las recetas internacionales las aprobemos pura y simplemente sin analizar las particularidades que tiene la sociedad dominicana y el impacto que puede tener esa legislación en nuestra realidad .
Por todos es conocido que el país es signatario de organismos internacionales que se han comprometido a despenalizar el delito de prensa y al suscribir esas convenciones está anulando cualquier ley que la contradiga .
Guillén sostuvo que hay puntos de vistas que observar, porque los opositores a la despenalización alegan que el derecho al honor está por encima del derecho a la libertad de expresión, derecho que consideramos fundamental, porque sobre el descansan otros derechos inalienables del ser humano .
Hay que tomar en cuenta también la pregunta que formulan los adversarios de la despenalización cuando se condene a un periodista insolvente al pago de una multa considerable. “Esos son detalles a tomar en cuenta, pero la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación favorece la exclusión de la penalización del proyecto de código penal”, manifestó. Ayer, el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidieron a la Cámara de Diputados que rechace esa propuesta .
El CDP y el SNTP visitaron la Cámara de Diputados y entregaron un documento en el que alegan que, de ser aprobada en segunda lectura la modificación del Código Penal, los ciudadanos que emitan expresiones eventualmente ofensivas contra el presidente, el vicepresidente, senadores, diputados y otras autoridades podrían ser castigados con penas de cárcel de 2 a 3 años y multas equivalentes a entre siete y nueve salarios mínimos .
 
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