La Corte Suprema de Justicia declaró el martes constitucional una ley de medios defendida por el gobierno y rechazada por el Grupo Clarín que generó durante cuatro años una batalla judicial entre ambos y ocupó la escena política del país.
Aunque el fallo busca poner punto final a la pelea en la que ambos actores midieron su poder ante la opinión pública, Clarín advirtió que apelará ante la justicia internacional. En tanto, los analistas no descartan que se inicie otra batalla, esta vez por las indemnizaciones que la empresa podría exigir por verse obligada a desprenderse de inversiones en el mercado audiovisual.
El máximo tribunal avaló cuatro artículos de la ley aprobada hace cuatro años —que sustituyó a una norma de la dictadura militar (1976-1983)— que fijan límites a la tenencia de señales audiovisuales y que, según el grupo multimedios, atentan contra su sustentabilidad económica y la libertad de expresión.
El artículo más polémico es el 45, que fija un límite para una misma persona jurídica de 24 licencias de cable locales, una licencia de cable o una licencia de televisión abierta en una misma localidad, un tope de tres licencias audiovisuales en una misma área y una señal de contenido propio para titulares de licencias de radio y televisión abierta o de cable. El Grupo Clarín considera que la televisión de cable y la abierta son servicios que no compiten entre sí.
Además, el artículo fija un porcentaje tope de 35% del total nacional de habitantes o de abonados para prestar servicios audiovisuales. El fallo, con votos divididos de los siete miembros del tribunal, se conoció dos días después de las elecciones legislativas, en las que el oficialismo fue derrotado en los principales distritos del país, lo que fue leído como un debilitamiento del poder de la presidenta Cristina Fernández, una defensora a ultranza de la polémica norma.
Clarín sostiene que la ley de medios busca desguazarlo y posibilitar la proliferación de medios afines al gobierno. Pero este último afirma que pretende terminar con la concentración que ejerce la empresa periodística y dar espacio a las voces más débiles.
La mandataria, que guarda reposo por una cirugía en el cráneo, no se ha manifestado sobre el fallo. El vicepresidente Amado Boudou, a cargo del Ejecutivo, expresó el martes por la noche que "hoy vamos a celebrar que 40 millones de argentinos son más iguales que cuando se despertaron".
"Detener una ley democrática, plural, solamente lo pueden hacer los muy poderosos. Poderosos que se esconden detrás de la libertad de expresión. Estaban peleando solo por su plata y ponían el pretexto de la libertad de expresión", aseveró Boudou.
En un comunicado, el Grupo Clarín sostuvo que "respeta las decisiones judiciales" pero que también "analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales". Enfatizó que "tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos" y que continuará "defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas".
Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano de aplicación de la ley, dijo en rueda de prensa que con "esta sentencia se cierra una etapa de incertidumbre y se inicia un ciclo importantísimo para el país y para la democracia... se terminan de despejar los obstáculos puestos por un grupo empresarial que se resistía a cumplir la ley".
El funcionario descartó que pueda continuar la disputa legal con Clarín en lo que se refiere a su obligación de desinvertir, pero admitió que el grupo puede reclamar judicialmente si no está conforme con el monto que pueda obtener por desprenderse de sus licencias.
"No hay un objetivo de expropiar" a Clarín, dijo en varias ocasiones Sabbatella. Agregó que el gobierno había iniciado la "adecuación de oficio" del multimedios para concretar la desinversión —ya que aquel se negaba a hacerlo de forma voluntaria—, proceso que estaba suspendido por la disputa legal. Levantada esa suspensión por el fallo de la Corte, "continúa la transferencia de oficio del Grupo Clarín", lo que supondría la tasación de las licencias y su oferta en concurso público.
En comunicados difundidos en las últimas semanas Clarín afirmó que al limitar a 24 las localidades cubiertas por un operador de cable y establecer un tope de 35% del mercado, el artículo 45 priva a "los usuarios que están afuera de ese límite de una opción competitiva de internet". Ello es así porque la red de cable e internet que opera el multimedios es indivisible "y no puede sostenerse con uno solo de esos servicios".
Agregó que además "configura una grave discriminación frente a las telefónicas, que pueden cubrir 2.200 localidades del país y el 100% del mercado".
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires suspendió la cotización de las acciones del Grupo Clarín, que tras conocerse el fallo caían 5,72%. "La aplicación de la ley... podría provocar un desbalance económico muy fuerte que podría determinar la desaparición de algunas de sus operaciones de comunicación", dijo a The Associated Press Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Fernández y el multimedios están enfrentados desde 2008, cuando Clarín respaldó a los productores agropecuarios en las protestas que encabezaron contra el gobierno cuando intentó subir los impuestos a las exportaciones de granos.
La mandataria sostuvo en su biografía "La presidenta", de la periodista Sandra Ruso, que el grupo que tiene como medio insignia el diario homónimo la quiso "destituir" ese año.
En su resolución, la Corte también dijo que es constitucional el artículo 41 "en cuanto sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones a la enajenación". Además avaló el artículo 48, uno de cuyos apartados indica que "el régimen de multiplicidad de licencias previsto en la ley no podrá alegarse como derecho adquirido".
La Corte también señaló que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización. Finalmente, los jueces también consideraron constitucional el artículo 161 que fija en un año el plazo para desinvertir, aunque aclararon que dicho periodo "se encuentra vencido".
Los magistrados fueron críticos con el gobierno al afirmar que deben existir "políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial y que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno o una vía para eliminar voces disidentes".
Esas son dos de las críticas que más se han escuchado en los últimos años de parte de Clarín y otros medios periodísticos, además de expertos en comunicación.
"Hay una hegemonía comunicacional en Argentina mediante los medios públicos estatales financiados por el Estado y al servicio del gobierno... los medios audiovisuales que viven de la publicidad del Estado o de negocios estatales", dijo Paolillo.
Agregó que "son más del 80% de los medios de comunicación audiovisuales argentinos. Eso configura un aparato de propaganda gigantesco, que opera a favor del gobierno, y que tiene un contrapeso en estos momentos en el Grupo Clarín".
Analistas dijeron a AP que la decisión de la Corte no pondría punto final a la guerra judicial entre Clarín y el gobierno ya que el grupo pondría obstáculos a la aplicación del fallo. "Habría una judicialización sobre la implementación de este fallo", dijo Martín Becerra, profesor de comunicación en las universidades Nacional de Quilmes y de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Para Becerra, que el fallo salga dos días después de las elecciones legislativas "tiene una lectura política necesariamente". En esos comicios, que según analistas marcaron el principio del fin del ciclo kirchnerista inaugurado en 2003 por Néstor Kirchner —antecesor y fallecido marido de Fernández—, el oficialismo fue derrotado en las principales provincias.
El constitucionalista Roberto Boico dijo a la agencia de noticias estatal Télam que "ahora se abre un panorama interesante, porque hay que definir cuáles son los mecanismos de adecuación de todos los grupos que están excedidos (en la cantidad de licencias) como Clarín y los que a partir de la aplicación de la ley estarán en una situación de igualdad".
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