Antonio Almonte.
En su discurso de toma de posesión como presidente, agosto del 2012, Danilo Medina señaló sobre el sector eléctrico lo siguiente: “Nos proponemos firmar un pacto de largo plazo y cambiar radicalmente el esquema actual del subsidio”. Sin embargo, fue dos años después, el 13 de octubre del 2014, mediante el Decreto 389-14, que el presidente hizo formal convocatoria a los sectores nacionales para las discusiones del pacto eléctrico.

Ahora bien, para octubre del 2014 ya el Gobierno había firmado un contrato por dos mil 40 millones de dólares ($US 2,040,000,000) con un consorcio empresarial privado (9 de diciembre 2013) encabezado por Odebrecht para la construcción de dos plantas de carbón en Punta Catalina.

Además, también octubre 2014 ya el Gobierno había concedido – en sospechoso silencio – otro contrato, esta vez de grado a grado, sin concurso público, a la desconocida empresa Pinergy, para construir otra planta eléctrica de carbón de 600 MW en Paya, Peravia. Este último contrato fue concedido el 27 de diciembre 2013 y dejado sin efecto año y medio después, en mayo 2015, por “incumplimiento de la Pinergy”, dijo Bichara.

En otras palabras, cuando el presidente Medina convocó al pacto, en octubre 2014, ya el Gobierno se había comprometido en la instalación de 1300 MW de carbón en un solo rincón: Paya y Punta Catalina. Esa cantidad de potencia era más que suficiente para la modificación radical de la matriz de generación y para trastocar profunda y peligrosamente el mercado mayorista, incluyendo el mercado spot.

Por otro lado, el 13 de octubre del 2015, Monseñor Agripino Núñez hizo formal solicitud al Gobierno de informaciones y datos oficiales sobre el desempeño de instituciones y empresas del sector eléctrico. Esas informaciones habían sido previamente requeridas por el CONEP y los representantes de la UASD en las discusiones por considerarlas imprescindibles para proponer o aceptar propuestas de reformas que sean técnica y financieramente sostenibles.
Hasta la fecha el Gobierno se ha negado a entregar las informaciones solicitadas, paralizando los debates.

Entonces, “Speaker” Marchena, quien boicotea el pacto es su jefe, Danilo Medina, no el PRM.

 
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