Por: Agustín Cruz Paulino

Veamos brevemente los elementos que, a nuestro entender, han sido los responsables de la propagación de la violencia en América Latina, y las acciones que podrían influir para disminuir ese mal que pone en peligro no únicamente las vidas de todo el que allí vive, sino la integridad familiar y el sostenimiento de un sistema democrático.

Hay quienes afirman que algunas de las causas por las que se ha incrementado la criminalidad en los países latinoamericanos hay que buscarla en las pocas iniciativas de los gobiernos para evitar la influencia de la música violenta que desde los Estados Unidos de Norteamérica comenzó a invadir a nuestros pueblos a finales del 1970 e inicio de los 80, continuando como un automóvil sin freno en la década del 90, adueñándose de las estaciones de radios y los canales de televisión, como forma de contrarrestar los movimientos vanguardistas existentes en estos lugares. A eso hay que agregarle el flujo masivo de delincuentes deportados desde distintas cárceles del país más poderoso de América, la presencia y popularización de las drogas, así como el cambio del modelo de producción agrícola por el turismo extranjero.


Debemos agregar otras razones que no son enfrentadas con seriedad por los gobiernos; nos referimos a la rampante corrupción gubernamental, el desempleo, el exhibicionismo de grandes riquezas por las calles empobrecidas de los barrios, así como la falta de una política cultural estatal que fomente los valores éticos, morales y patrióticos, acompañados de proyectos productivos que persigan apalear las crisis económicas en que viven millones de familias, así como las deficiencias educativas en el sector público y privado.


Gran parte de la población es consciente de que somos víctimas de muchas basuras musicales que se producen en nuestros propios países y otras que provienen desde el extranjero, sin que las secretarías de educación, cultural y organismos relacionados con la radiofonía y espectáculos públicos actúen en consecuencia, haciéndose cómplices de ese mal, escondiéndose detrás de unas supuestas libertades públicas que generan conductas inmorales que en nada benefician a nuestros pueblos.


Entonces, ante tanta falta de respeto al deber sagrado de salvaguardar, mantener y facilitar un buen ambiente y sustento de las familias, debemos preguntarnos: ¿qué hacen los Estados para proteger a la ciudadanía de ese mal? La verdad es que no hacen nada; y en muchas actitudes personalidades con responsabilidades gubernamentales se encargan de popularizar esos antivalores, a través de múltiples acciones, como forma de negocios de los cuales ellos se benefician.


Nadie puede negar que la integración de muchos deportados a las acciones delictivas fomenta y profesionaliza el avance de las técnicas para cometer crímenes relacionados con el narcotráfico, secuestros, asaltos, robos y estafas, en pueblos donde el accionar de la justicia se ve influenciada por la corrupción y los recursos económicos provenientes del narcotráfico y otros delitos, así como por la falta de seguridad familiar para algunos individuos del tren judicial que se sienten con actitudes de enfrentar esos males, pero que le tiembla el pulso al saber que al confrontar a los criminales están poniendo en peligro no únicamente sus integridades físicas sino las de sus familias; por eso no es extraña la apariciones de temibles asociaciones de sicarios en países enteramente religiosos, con un promedio del 70 por ciento de sus ciudadanos pertenecientes al catolicismo, y del 30 restante un 25 por ciento adeptos a otras religiones. Y aunque, numéricamente hablando, los delincuentes son pocos, constituyen un grave peligro para todos los miembros de la sociedad.


El panorama cada vez se hace más oscuro y favorable para los delincuentes.

Tratemos de responder estas preguntas: ¿Qué hacen los gobiernos para impedir que los temas relacionados con la corrupción y la violencia sean tratados en los medios de comunicación con el criterio de que éstos constituyen realmente un gran peligro para la ciudadanía, y no como “algo común que se origina en todas las ciudades del mundo”, siendo agentes del Estado, como ministros y policías, quienes protagonizan un elevado porcentaje de esas acciones?


¿Qué han hecho los gobiernos y los políticos para integrar a los procesos productivos y educativos a los deportados, los cuales en la mayoría de los casos se sienten rechazados por sus familiares y la sociedad?

¿Qué se espera en un futuro mediato de los niños y jóvenes que viven en barrios paupérri-mos y que todos los días ven circular por sus calles vehículos sumamente costosos y a individuos armados que son los preferidos por las jóvenes de esos lugares?

¿Por qué han contribuido los gobiernos a hacer desaparecer los clubes culturales, y las partidas presupuestarias aprobadas para educación y cultura se utilizan en otros asuntos politiqueros y no para educar a la población y llevarle sano entretenimiento?

¿Por qué se exhibe desde las diferentes esferas del poder una cultura antimoral, donde el ejercicio de la política es visto como un mecanismo para robar y abusar de los más humildes?

¿Por qué el Estado se ha encargado de hacer ver a la justicia como un cabaret de prostitución y venta de sentencias, sin tomar serias medidas que corrijan ese mal?


Estamos plenamente convencidos de que para disminuir la violencia se requiere de una política cultural que esté abrazada en un sistema productivo efectivo, en el cual los sectores más empobrecidos sean sus conductores, y que desde los gobiernos se exhiba un comportamiento honorable, mientras la justicia deje de ser un mercado donde el compañerismo y el dinero sean las voces de los magistrados.
 
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