Brasil dio ayer una nueva muestra de que ha decidido plantarle cara a la corrupción y anunció un acuerdo con un exsenador acusado de desvíos de dinero público, mediante el cual le serán reintegrados al Estado 234 millones de dólares.
La devolución de ese dinero correrá por cuenta del exlegislador Luiz Estevao, condenado por corrupción en primera instancia en 2006, que vio la sentencia ratificada este año y llegó a un acuerdo con la Abogacía General para reintegrar los recursos que, según sostiene la justicia, desvió de los cofres públicos desde 1994 hasta 1998.
El caso se refiere a irregularidades en las obras para la construcción de una nueva sede del Tribunal Regional de Trabajo de Sao Paulo y los valores han sido corregidos según la inflación, intereses y otras variantes monetarias, hasta llegar a la suma de 468 millones de reales (234 millones de dólares).
Estevao, quien por ese asunto se convirtió en junio del 2000 en el primer legislador destituido desde la constitución del Senado brasileño, en 1826, volvió a negar ayer su responsabilidad, pero dijo que aceptó ese acuerdo para acabar con un bloqueo judicial de muchas de sus cuentas que estaba en vigor desde hace cinco años.
“Por increíble que parezca, y aunque siga negando el delito, fue más barato pagar que seguir como estaba”, declaró tras la firma del acuerdo el exsenador y empresario, a quien se le considera dueño de una de las mayores fortunas del país.
La mayor recuperación
La titular de la Abogacía General, Helia Beterro, afirmó que se trata de “la mayor recuperación de dinero público que se ha registrado en la historia del país o quizás en el mundo” y que este hecho pone a Brasil “a la cabeza del combate contra la corrupción”.
Según datos de la Abogacía General, ese organismo inició durante el año pasado un total de 2.343 demandas judiciales con el objeto de recuperar unos 2.140 millones de reales (1.070 millones de dólares) desviados de las arcas del Estados. Esos procesos fueron dirigidos contra 664 alcaldes, 429 empleados públicos y 644 empresas, y la gran mayoría aún está en curso en la justicia. También el año pasado, mediante acciones similares, el Estado recuperó 329,9 millones de reales (164,5 millones de dólares).
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